MÉXICO, 17/07/2007 (IPS) - Campesinos del sureño estado de Guerrero en México mantienen bloqueada desde 2003 una zona en la que el gobierno quiere construir una gigantesca represa hidroeléctrica.

El 12 de agosto, durante una asamblea en la que participaron los habitantes de la zona, sus representantes y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, los campesinos decidieron por mayoría que el proyecto debía ser abandonado.

"Acordamos que sería respetada la decisión que fue tomada por la mayoría y sin ningún tipo de presiones" dijo a IPS José Hernández, uno de los dirigentes de la zona agraria de Cacahuatepec.

"Que sepan que no cederemos aunque esto nos cueste la vida", advirtió.

Cerca de Cacahuatepec y otros núcleos agrarios, donde viven unos 30.000 campesinos, pasa el río Papagayo, en el que el gobierno planea construir una represa hidroeléctrica, con una inversión de unos 1.000 millones de dólares.

El proyecto, bautizado La Parota, demandaría seis años de trabajo y, una vez finalizado, generaría 900 megavatios.

En 2003, el gobierno del conservador Vicente Fox (2000-2006) empezó a realizar obras para la represa como caminos y construcción de campamentos para los trabajadores.

Sin embargo, fueron suspendidas en forma casi inmediata debido a las protestas de los campesinos, a quienes se les expropiarían sus tierras.

Desde entonces, y sin interrupciones, los opositores mantienen día y noche bloqueados los accesos a la zona con piedras, palos y otros obstáculos. La consigna es que no ingresen trabajadores de la estatal Comisión Federal de Electricidad ni autoridades del gobierno.

"Este proceso ha sido muy largo, con muchos sobornos y engaños, pero ya debe terminar. Que lo sepan: no vamos a vender ni a abandonar nuestras tierras", señaló Hernández en una entrevista telefónica con IPS.

El actual gobierno del también conservador Felipe Calderón, quien como su antecesor Fox pertenece al Partido Acción Nacional, continuó con la idea de construir La Parota. Negoció con los campesinos la realización de una asamblea, para exponer sus puntos de vista y escuchar a quienes se oponen al proyecto.

Esa reunión se concretó el 12 de este mes, con la presencia de unos 3.000 pobladores, quienes acordaron por votación a mano alzada, realizada frente a delegados del gobierno, que el proyecto no se haría. La resolución quedó consignada en un documento.

Sin embargo, algunos campesinos que están de acuerdo con el proyecto de La Parota sostienen ahora que en la asamblea hubo presiones y que no aceptarán la resolución.

Tampoco lo hará el gobierno del estado (provincia) de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca, del opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

Las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad no se han pronunciado, pero Hernández cree que son ellas las que promueven el no reconocimiento de la última asamblea.

Según el gobierno de Guerrero, el proyecto de la Parota sigue vivo. La hidroeléctrica, explican los funcionarios, beneficiará con empleos y generación de energía. Eso atenderá el déficit de electricidad que ya sufren varias ciudades del estado, entre ellas la zona turística de Acapulco.

Según Hernández, un campesino de 44 años que vive de la siembra de maíz y plantaciones de limoneros, "en la última asamblea no hubo presiones de ningún tipo. Todos lo vieron", argumentó.

"Por eso nos indigna que digan ahora que hubo presiones y que no quieran aceptar la resolución. Claramente, la mano del gobierno federal está detrás de esto", afirmó.

De hacerse la represa, se generaría un embalse de 14.000 hectáreas, afectando a 2.000 campesinos, según el gobierno. Pero los opositores y algunos investigadores sostienen que 20.000 personas sufrirían el impacto de la obra y argumentan que produciría cambios culturales y ambientales en la zona.

"Se han ganado todas las batallas legales contra La Parota. Si ahora las autoridades lo desconocen se irá a un enfrentamiento sin fin y a una total desconfianza frente a la ley", dijo a IPS Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, con sede en Guerrero.

Patrón, quien asesora a los campesinos vecinos del proyecto La Parota, sostiene que la insistencia en construir la represa "aún a costa de cientos de campesinos y el ambiente", responde a fuertes intereses económicos y empresariales.

La construcción de la represa generó interés en compañías locales como Ingenieros Civiles Asociados e Ideal, así como en las extranjeras Techint y General Electric.

"Los opositores a La Parota tienen al menos siete resoluciones judiciales a su favor que indican que las asambleas campesinas de 2005, donde aparentemente se aprobó el proyecto, fueron ilegales y amañadas y ahora tienen un documento votado en una nueva asamblea con presencia de autoridades y con total fuerza legal", señaló Patrón.

El gobierno de Fox indicó hace dos años que la mayoría de campesinos estaban a favor de La Parota e incluso estuvo a punto de llamar a licitación para concretar el proyecto. Pero los jueces indicaron que las asambleas en las que se aprobó la represa no tenían validez.

"Que el gobierno de Calderón se olvide La Parota, pues jamás se hará", advirtió Hernández.

Los opositores al proyecto incluyen a grupos ambientalistas locales y de otros países.

El no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica, concluyó en marzo de 2006 que el proyecto no era adecuado y que en su intento de hacerlo el gobierno del entonces presidente Fox había engañado y violado los derechos de los campesinos.

Los opositores a La Parota sostienen que la represa beneficiará sobre todo a empresas privadas, pero no a las comunidades. Señalan que el desempleo, la miseria y efectos irreversibles en el ambiente serán las consecuencias si se lleva adelante la construcción.

Los defensores del proyecto indican que las represas contribuyen a garantizar el control del flujo de agua, pueden evitar inundaciones y disminuyen el uso de petróleo en la generación de energía.

En México, casi la mitad de la electricidad que se consume es generada a partir de combustibles fósiles, que aumentan la contaminación ambiental.

Pero las represas hidroeléctricas también implican costos ambientales, entre ellos la pérdida de especies animales y la inundación de tierras agrícolas. También provocan una reubicación de poblaciones.

Las comunidades río abajo y el ambiente han pagado un precio "inaceptable e innecesario" por los beneficios de las grandes centrales hidroeléctricas, señaló un informe de la Comisión Mundial de Represas.