MÉXICO, 14/08/2007 (IPS) - Cuando el arzobispo de México, Norberto Rivera, prestó testimonio en un litigio por encubrir a un sacerdote pederasta, la jerarquía católica de este país empezó a perder el fuero del que ha gozado históricamente.

Durante varias horas, el cardenal Rivera se sometió este miércoles a un extenso interrogatorio de los abogados de Joaquín Aguilar, denunciante del prelado ante tribunales de la estadounidense ciudad de Los Ángeles por supuesta complicidad para proteger a un sacerdote acusado de abusos sexuales.

Según Joaquín Aguilar, el sacerdote Nicolás Aguilar, con quien no tiene parentesco, abusó sexualmente de él en 1994, cuando era un seminarista de 13 años.

Además del cardenal Rivera y sus defensores, en la diligencia judicial a puerta cerrada estuvieron presentes David Dribon y Robert Waters, abogados estadounidenses de Joaquín Aguilar, y un representante del juez Elihu Berle, de la Corte Superior de la occidental ciudad de Los Ángeles.

Berle había dispuesto el interrogatorio para determinar si tenía jurisdicción sobre el caso. El magistrado emitirá su dictamen en septiembre. Si fuera favorable al juicio, sería la primera ocasión que un tribunal estadounidense acoge una demanda contra una alta autoridad religiosa mexicana por abuso sexual.

"Tenemos certeza de la falta de jurisdicción, pues los presuntos hechos que se imputan ocurrieron en México y los involucrados son todos mexicanos", dijo a la revista Proceso el abogado Bernardo Fernández, defensor del cardenal Rivera.

"Nuestra expectativa es que salga la verdad, que Rivera dé cuentas por sus acciones, nuestra meta es que la corte (de Los Ángeles) acepte su jurisdicción", dijo a IPS el activista Eric Barragán, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas inglesas).

La SNAP, una organización estadounidense que agrupa a víctimas de acciones cometidas por sacerdotes católicos, planea abrir una oficina en México.

En septiembre de 2006, Joaquín Aguilar, de 25 años, denunció a Rivera, al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, y a Rodrigo Aguilar, obispo de la ciudad mexicana de Tehuacán, por cargos de negligencia, retención de pruebas, conspiración y trato con un delincuente.

El argumento central de la acusación es que los prelados protegieron al sacerdote Nicolás Aguilar, quien en los años 80 trabajó en la sureña ciudad de Puebla, bajo la autoridad del entonces obispo Rivera. Luego fue trasladado por éste a Los Ángeles, donde estuvo bajo las órdenes de Mahony, para regresar más tarde a México y seguir impartiendo oficios religiosos.

En los dos países, el sacerdote Aguilar fue acusado de abusar de decenas de niños que se acercaban a la Iglesia, entre ellos Joaquín Aguilar. De momento se encuentra prófugo de la justicia.

Expertos en temas religiosos consideran que el procedimiento contra Rivera es un precedente para terminar con el fuero eclesiástico de facto del que ha gozado la Iglesia Católica en este país de más de 104 millones de habitantes.

"Es un paso importante, es un buen principio. Lamentablemente, se hace en una corte de Estados Unidos y no en una mexicana", comentó a IPS Elio Masferrer, sociólogo de las religiones.

Para José Guadalupe Suárez, secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, el interrogatorio no tiene precedentes en la historia eclesiástica y política mexicana, por tratarse de la máxima autoridad católica del país.

"Es un punto a favor de la democratización del Estado y de la consolidación de la misma laicidad del Estado", dijo el representante de la organización no gubernamental que aglutina a seis instituciones de inspiración religiosa.

El caso parece haber desatado un enfrentamiento entre Mahony y Rivera, cuyas versiones sobre el traslado del sacerdote Nicolás Aguilar difieren.

Rivera sostiene que en 1987 advirtió en una carta a su par de Los Ángeles que Aguilar dejaba México para viajar a su arquidiócesis y que la decisión de recibirlo quedaba en sus manos, pues había sospechas de que el sacerdote era "homosexual".

Mahony niega haber recibido esa correspondencia y asegura que contrató al sacerdote mexicano sin conocer los cargos en su contra y que lo expulsó más tarde, cuando fue acusado por algunos feligreses de actos de pedofilia.

"Sin duda, alguien está mintiendo", resaltó Barragán.

En julio, la arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar una indemnización de 660 millones de dólares a un grupo de víctimas de varios sacerdotes, evitándose un juicio de grandes proporciones que hubiera significado revelar información comprometedora para la institución.

Entre los beneficiados figura Joaquín Aguilar. Desde los años 50, la Iglesia Católica estadounidense ha pagado más de 2.000 millones de dólares en resarcimiento a víctimas de pederastia.

"Mahony sabe que su personal tiene problemas, en esta confrontación de cardenales hay alguien que no dice la verdad", señaló el sociólogo Masferrer.

Según el análisis de Suárez, del Observatorio Eclesial, el acuerdo legal de Los Ángeles vincula a Rivera, pues uno de los demandantes era Joaquín Aguilar. "Esto da consistencia al argumento de Mahony y resta credibilidad al cardenal Rivera de desligarse y apelar al desconocimiento de los hechos", abundó.

La defensa de Rivera pidió que su testimonio permaneciera confidencial.

"Estamos seguros de su inocencia. No podrán sacar información para llevar más lejos el asunto", dijo el abogado Fernández a Proceso.

Esta semana rendirán también testimonio el obispo Rodrigo Aguilar y el denunciante Joaquín Aguilar.

La SNAP estima que unos 40 sacerdotes acusados de pederastia, muchos de ellos mexicanos, huyeron de Estados Unidos y se radicaron en México.