Renovación del Tribunal Electoral: Prueba Para el Senado de la República

Lic. Adriana Argudín Palavicini.*

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió, los días 7 y 21 respectivamente, la convocatoria para conformar las ternas para la elección de los seis Magistrados Electorales que deberán integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la lista de los interesados que será propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que proceda a la elección, antes del 15 de octubre, de los nuevos integrantes para el periodo que inicia el 4 de noviembre y concluye en el año 2016.

Este proceso de elección no se vislumbra sencillo, pues desde mi manera de ver las cosas, existen, entre otros hechos que influirán de manera importante, los siguientes: Primero, que de los 160 aspirantes sólo pueden elegirse seis; segundo, que aún está fresco en el ambiente político nacional el polémico resultado de la calificación de la reciente elección de Presidente de la República -a cargo del TEPJF- por la cual se declaró Presidente electo al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, después de una votación bastante cerrada; tercero, que la conformación de la nueva Cámara de Senadores no facilita mucho arribar a acuerdos; y, por último, que corresponderá a los nuevos Magistrados Electorales la calificación de la siguiente elección presidencial.

Así las cosas, el Senado de la República deberá dar muestras de que tiene voluntad para darle un respiro al país y que es capaz de anteponer a los intereses partidistas los intereses que coadyuven al fortalecimiento del marco jurídico que actualmente nos rige en materia político-electoral. Llevamos ya un buen trecho andado y sería francamente lamentable que, a la ya tan complicada situación política nacional, se le agregara más leña al fuego. El Senado de la República tiene, pues, una oportunidad de oro que no debiera desaprovechar.

Para muchos es sabido que en materia político-electoral el país lleva avanzado un buen trecho. La reforma política de 1986 estableció, por primera vez, la creación de un Tribunal en esta materia, denominado Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue definido como un órgano autónomo de carácter administrativo, y que en su momento significó un avance en el perfeccionamiento del sistema electoral regido por el Derecho. Posteriormente, a través de las reformas constitucionales y legales de 1990 y 1993, surgió el Tribunal Federal Electoral (Trife) -desapareciendo el Tribunal de lo Contencioso Electoral-, como el órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, encargado de garantizar que los actos y resoluciones se sujetaran al principio de legalidad, y se estableció que en caso de controversia, correspondería a este órgano la resolución final sobre las elecciones de diputados, senadores y asambleístas. Asimismo, se creó la Sala de Segunda Instancia del Tribunal y fueron ampliadas las causales de nulidad de votación recibida en casilla, de elección de diputados y senadores.

La reforma constitucional de 1996, modificó el anterior sistema de elección de los Magistrados Electorales en el que correspondía al Presidente de la República proponer a la Cámara de Diputados su designación; ello, se argumentó entonces, con el objeto de garantizar la especialización, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Se creó el actual Tribunal Electoral –que vino a sustituir al Trife- como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, entre cuyas funciones destacan, el cómputo, la calificación y la declaración de Presidente electo; se ratificó su competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal, y se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En materia electoral está claro que aún existe una amplia agenda de trabajo. Expertos en la materia se han pronunciado en repetidas ocasiones acerca de la necesidad de una reforma electoral más amplia que logre, entre otras cosas, llenar las lagunas jurídicas con las que es común enfrentarse en el marco legal y reglamentario de la materia. Una verdadera democracia, pensada fundamentalmente para el bienestar nacional, no es, no debe ser, aquella que se pretenda construir mediante el recurso de devaluar a las instituciones, y más en concreto, a las instituciones electorales. El camino correcto es, pues, continuar trabajando por fortalecer la independencia de tales instituciones respecto del gobierno, fortalecer la presencia ciudadana en ellas y pugnar por reglas cada vez más claras, que garanticen el libre ejercicio del sufragio y la transparencia de sus resultados.

*Presidenta de la Agrupación

Humanista Demócrata “José María Luis Mora”.